Estudios en España por no residente

Generalmente, no tiene que tributar un estudiante en España por las cantidades que perciba para continuar sus estudios o formación procedentes de algún Estado con el que España tiene suscrito Convenio y del que es o era inmediatamente antes de venir a España residente. Si el estudiante antes de venir a España era residente en otro Estado y está en España con el único objeto de continuar sus estudios o formación, no tendrá que tributaria en España por las cantidades que reciba para cubrir sus gastos de mantenimiento o estudios, siempre que procedan de fuentes de fuera de España, sea o no la del país del estudiante.

Los pagos que percibe el estudiante deben tener el propósito exclusivo de cubrir gastos de mantenimiento, estudios y formación. Cualquier pago que perciba con otra finalidad (de dificil prueba, y además que parece dificil encontrar otras finalidades en un estudiante a tiempo completo) se debe someter a tributación en función del tipo de renta percibida.

España: Inseguridad juridica del IVA

"Inseguridad jurídica para el IVA", articulo publicado el 12-01-2009 , por Luis de Ulíbarri, abogado de Hammonds, en Expansion (www.expansion.com):

No deja de ser sorprendente la postura de la Administración Tributaria respecto a los criterios “temporales” de valoración en las permutas de terrenos por edificaciones futuras.


Fue en en el mes de abril de 2008 cuando la Comisión Europea solicitó de manera formal a España que adaptase sus prácticas administrativas en lo que respecta a la determinación de la base imponible de este tipo de operaciones.

La Comisión Europea entendía que el valor de mercado debe ser considerado exclusivamente en el momento de la entrega del solar, siendo contraria a la Sexta Directiva la modificación de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido a posteriori, en el momento de la recepción de las construcciones, sobre la base de que la forma de pago (dineraria o en especie) no debe llevar a un resultado distinto en el ámbito del impuesto.

La Dirección General de Tributos, lejos de asimilar esta interpretación de la norma, ha venido justificando su doctrina en repetidas ocasiones, la última en Consulta Vinculante nº V2036-08, de 4 de noviembre.

Sus explicaciones resultan complejas, muy complejas, rozando el límite de lo ininteligible. Pero si dan respuesta a los sencillos planteamientos de la Comisión, es cuanto menos dudoso. “Excusatio non petita...” Esperemos que en algún momento el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE).

Por el momento, el panorama que se abría con la mencionada solicitud de Bruselas, con el criterio seguido actualmente en lo que respecta al Impuesto sobre Sociedades (ver Consulta V1225-08), y algunos comentarios vertidos en este sentido desde la Inspección, si bien de manera más oficiosa que oficial, se han visto truncados en la segunda mitad año.

Una vez más las directrices que gobiernan los distintos tributos en España resultan dispares ante los mismos hechos, y las demandas de Europa desoídas.
Cabría reflexionar si esta actitud, que no parece la mejor de cara a la seguridad jurídica del contribuyente, es un lujo que nos podemos permitir en un momento en que la inversión se hace más necesaria que nunca.
Confiemos que 2009 reconduzca la situación, y si no, que “al menos” nos saque de la crisis.

Rentas exentas sin establecimiento permanente en España

La normativa española señala una serie de rentas obtenidas por los no residentes sin establecimiento permanente (E.P.) en España están exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes (IRNR). Estas son:

1. Las rentas que, de acuerdo con la normativa del I.R.P.F. estén exentas y sean percibidas por personas físicas, como por ejemplo, la lotería, las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez o las becas públicas. Se exceptúa la contenida en la letra y) del artículo 7 de la Ley IRPF.

2. Los intereses y ganancias patrimoniales derivadas de bienes muebles obtenidos por residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea (U.E.) con tres excepciones:

a) Cuando los intereses y/o ganancias se obtengan a través de un paraíso fiscal.

b) Cuando se trate de ganancias derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad cuyo activo consista principalmente en bienes inmuebles situados en España.

c) Cuando se trate de ganancias derivadas de la transmisión de acciones, participaciones u otros derechos en una entidad y el contribuyente, en algún momento durante el período de 12 meses precedentes a la transmisión, haya participado directa o indirectamente en al menos el 25 por 100 del capital o patrimonio de dicha entidad.

3. Los rendimientos derivados de la Deuda Pública.

4. Los rendimientos derivados de valores emitidos en España por no residentes.

5. Los rendimientos de cuentas de no residentes.

6. Las rentas procedentes del arrendamiento, cesión o transmisión de contenedores o de buques y aeronaves a casco desnudo, utilizados en la navegación marítima o aérea internacional.

7. Los beneficios distribuidos por las sociedades filiales residentes en España a sus sociedades matrices residentes en otro Estado miembro de la U.E. o a los establecimientos permanentes de estos últimos situados en otros Estados miembros, siempre que cumplan determinadas condiciones.

8. Sociedad matriz es aquella que posea en el capital de otra sociedad una participación directa de al menos el 15% a partir del 1 de enero de 2007 y el 10% a partir del 1 de enero de 2009. La sociedad participada será la sociedad filial. Para la aplicación de esta exención se exige que la sociedad matriz no tenga su residencia, o el establecimiento permanente no esté situado, en un país o territorio calificado como paraíso fiscal.

9. Las rentas derivadas de las transmisiones de valores o el reembolso de participaciones en fondos de inversión realizados en alguno de los mercados secundarios oficiales de valores españoles, obtenidas por personas o entidades residentes en un país con el que España tenga suscrito Convenio con cláusula de intercambio de información, salvo que se obtengan a través de un paraíso fiscal.

10. Pensiones asistenciales por ancianidad reconocidas al amparo del Real Decreto 728/1993, de 14 de mayo, por el que se establecen pensiones asistenciales por ancianidad en favor de los emigrantes españoles, (con efectos a partir de 1 de enero de 2001).

11. Becas y otras cantidades percibidas por personas físicas, satisfechas por las Administraciones públicas, en virtud de acuerdos y convenios internacionales de cooperación cultural, educativa y científica o en virtud del Plan anual de cooperación internacional aprobado en Consejo de Ministros.

12. Los dividendos y participaciones en beneficios obtenidos por personas físicas residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o en países o territorios con los que exista un efectivo intercambio de información tributaria, con el límite de 1500 euros, que será aplicable sobre la totalidad de los rendimientos obtenidos durante el año natural. Esta exención no se aplica si los dividendos se obtienen a través de paises o territorios calificados como paraísos fiscales.

España: cambios en IVA y Patrimonio para 2009

"Novedades fiscales en 2009", articulo publicado el 08-01-09 , por Salvador Ruiz en Expansion (www.expansion.com):

En las postrimerías del año recién terminado se ha publicado la Ley 4/2008, por la que se suprime el gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio, se generaliza el sistema de devolución mensual en el Impuesto sobre el Valor Añadido, y se introducen otras modificaciones en la normativa tributaria.


La nueva Ley introduce cambios muy destacables que afectan a la práctica totalidad de las figuras del sistema impositivo español, aunque se echan de menos algunas medidas de política fiscal de mayor calado, orientadas a la reactivación de la adversa situación económica.

La Ley anuncia desde su denominación dos de los cambios de mayor difusión mediática. En primer lugar, la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio, plasmada en una bonificación del 100 por ciento de la cuota íntegra aplicable desde el 1 de enero de 2008, junto con la eliminación de la obligación de presentar declaración.

Con esta técnica se evita la modificación del sistema de financiación autonómica –se trata de un Impuesto cedido a las Comunidades Autónomas– y se conservan las referencias de otras normas tributarias hacia las disposiciones del Impuesto, si bien se mantiene un cierto riesgo de "reactivación" futura del gravamen. La medida evitará problemas de falta de equidad y de doble imposición sobre la renta ahorrada, atrayendo inversiones hacia nuestro país.

En virtud de un segundo cambio recogido expresamente en el nombre de la Ley, la práctica generalidad de las empresas, incluidas las pymes, podrán solicitar con carácter mensual la devolución del saldo a su favor en el IVA o en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC). Sin embargo, para ello se exigirán abundantes requisitos formales, como la presentación telemática mensual de las declaraciones y el suministro –también telemático y mensual– a la Administración Tributaria del contenido de los libros registro de la empresa.

Sorprende que se lastre al nuevo sistema con este incremento de la presión fiscal indirecta, que previsiblemente dificultará el éxito de su implantación.

Libertad de amortización
La Ley introduce un importante incentivo a la inversión en activos fijos, adecuado para tiempos de crisis, como es la libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para elementos nuevos del inmovilizado material y de las inversiones inmobiliarias.

La Ley exige la afectación de dichos elementos a actividades económicas, su puesta a disposición del sujeto pasivo en los períodos impositivos iniciados dentro de los años 2009 y 2010, y el mantenimiento durante dos años del nivel medio de empleo habido en la empresa en el año anterior. Tal libertad, que supone un diferimiento en el pago del Impuesto, no está condicionada a su imputación contable, y también puede aprovecharse en operaciones de arrendamiento financiero. De haberse extendido al inmovilizado intangible, la medida constituiría un incentivo añadido a las actividades de I+D, dado que los elementos libremente amortizados pueden ser creados por la propia empresa.

La Ley también mitiga la falta de neutralidad fiscal derivada de la implantación del nuevo Plan General de Contabilidad (PGC). Así, la primera aplicación del Plan puede suponer la práctica de abonos a cuentas de reservas con efecto en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, implicando un importante coste tributario.

La Ley abre una opción de periodificación de dicho coste en tres años, informando de ello en las cuentas anuales. Además, al relegar el PGC el principio de prudencia a un lugar secundario, las pérdidas por deterioro de acciones o participaciones en sociedades no cotizadas, producidas a raíz de resultados negativos en éstas, muchas veces no son contabilizables –ni por ello deducibles fiscalmente–.

El legislador ha decidido oportunamente mantener a futuro un reducto de deducción fiscal de dichas pérdidas, con plena autonomía respecto de su tratamiento contable. La misma estanqueidad se incorpora en el régimen transitorio de la Ley para las provisiones dotadas en el pasado.

Otros cambios de interés
Merece también un comentario positivo la medida que evita una patente discriminación de las sociedades residentes en España cuando adquieren grupos de sociedades en tributación consolidada.

La nueva Ley evita que en tales supuestos –incluso en adquisiciones por fusión, con arreglo al criterio de la inspección tributaria– se produzcan las gravosas consecuencias de la extinción del grupo fiscal, como la tributación de los beneficios obtenidos en el pasado por ventas intragrupo, neutralizados en su día gracias al régimen de consolidación. La medida evitará la penalización de las operaciones –españolas– de reestructuración, muchas veces necesarias para la supervivencia de la compañía y el mantenimiento del empleo.

La Ley introduce novedades importantes en nuestra normativa del IVA y del IGIC, para adaptarla a la jurisprudencia comunitaria. Así, en relación con la no sujeción de la transmisión del patrimonio empresarial o profesional, desaparecen los requisitos relativos a la continuidad del adquirente en las mismas actividades empresariales o profesionales del transmitente, o a que la transmisión inter vivos del patrimonio se realice a favor de un solo adquirente; la valoración debe ser positiva, al facilitarse dichas operaciones, sobre todo una vez eliminada en el trámite parlamentario la discriminación de las empresas adquirentes que desarrollan actividades exentas –financieras, de seguros, hospitales, centros de enseñanza–, para las que llegó a contemplarse la sujeción a aquellos impuestos.

Otra adaptación importante permite que las sociedades mercantiles no sean necesariamente sujetos pasivos del Impuesto, cuestión relevante en relación con las sociedades holding y las sociedades inactivas. La nueva Ley establece una presunción iuris tantum, y por ello admite prueba de lo contrario. La modificación resulta notoriamente insuficiente, en una materia con un importante grado de inseguridad jurídica para los operadores económicos.

Se minora, asimismo, el plazo que debe transcurrir para procederse a la reducción de la base imponible en el IVA y en el IGIC relativa a las operaciones total o parcialmente pendientes de cobro, pasando a ser de un año -en lugar de dos- desde el devengo del Impuesto repercutido. Esta flexibilización ha de valorarse positivamente.

Silencios de la Ley
Pero si son relevantes los cambios normativos introducidos, también son muy significativos los silencios de la Ley. Así, se ha dejado pasar la oportunidad de reducir los tipos impositivos en el Impuesto sobre Sociedades, al menos para las pymes, para relajar los costes fiscales de nuestras empresas y mejorar su competitividad en un entorno europeo de tipos más bajos.

También resulta sorprendente que no se haya reactivado la deducción por I+D+i, que con la normativa vigente desaparece a partir de 2012, lo que seguirá generando inseguridad jurídica y desincentivando la asunción de proyectos de investigación a medio y largo plazo. Por último, se echa de menos el refuerzo de los incentivos fiscales a la internacionalización de la empresa.

En resumen, la nueva Ley atiende con acierto las necesidades de mejora técnica de algunos ámbitos de nuestra fiscalidad, pero renuncia a aplicar una terapia más contundente con que tratar las enfermedades de nuestra economía.

Comentarios
carlos martin el 8 de Enero de 2009 a las 01:06 ( aviso al moderador )

tributos 2009

FT: companies find routes to fiscal frugality

"Politicians fret as companies find routes to fiscal frugality"
An article published by Vanessa Houlder in Financial Times (www.ft.com) on July 28 2008.

Last week, a gauntlet was thrown at the feet of business leaders who have fulminated about the complexity of Britain’s tax laws and the frequency with which they change. Lord Wallace, a Liberal Democrat peer, warned that corporate chiefs should offer a “constructive response to the erosion of the national tax base, before some populist politician or press campaigner seizes on the issue to use against them”.

The response from Martin Temple, director-general of EEF, the manufacturers’ organisation, was trenchant. He argued that the “most significant threat to the UK's tax base does not come from aggressive corporate tax avoidance but from the revenue lost owing to companies moving abroad in search of greater consistency and certainty from the tax system”.

In the exchange, on the Financial Times letters page, both men have a point. But the public overwhelmingly believes big companies and wealthy individuals dodge taxes too easily, according to Trades Union Congress research. Many people were shocked last year when official figures showed that almost one-third of the UK’s biggest companies paid no tax in 2005-06.

The US – which collects relatively little revenue in spite of having one of the highest corporate tax rates in the world – has a similar problem. That shows up in Americans’ attitudes to the way they as individuals are taxed. In the decades following the second world war, they considered income tax to be the fairest tax in the nation; since 1980, that opinion has been reversed.


But governments face risks in clamping down on multinationals. In the UK, two big groups moved their holding companies to Ireland earlier this year, amid complaints about Britain’s increasingly onerous restrictions on international tax planning. Michael Devereux, a leading economist, sums up the problem: “The more successful tax collectors are in preventing firms from shifting profit out of Britain, the more they are likely to encourage firms to leave the country.”

One, perhaps unpalatable, conclusion is that governments should learn to live with avoidance. Research by James Hines of the University of Michigan and Mihir Desai of Harvard suggests that companies’ use of tax havens “appears to facilitate economic activity” in neighbouring industrialised countries. Tax dodging by multinationals may let governments collect higher corporate taxes overall by allowing highly mobile companies – which might otherwise invest elsewhere – pay a lower rate of tax than domestic businesses.

But turning a blind eye to international tax avoidance is manifestly unfair. Jeffrey Owens, head of the tax policy group at the Organisation for Economic Co-operation and Development, argues that it is tantamount to stimulating growth at any price: “The same logic could be applied to business run by the Mafia or Colombian drug dealers.”

Yet tackling the issue is easier said than done. The nature of avoidance has changed over the last few years, in a way that has sent a chill through many fiscal authorities. Their focus is no longer on outrageously artificial schemes. Instead, companies are quietly restructuring in a way that is stripping the tax base of large countries.

Over the past decade, as they have become more global, large multinationals have centralised patents, intangibles and other services in low-tax countries. Mr Owens, who calculates that about 20 per cent of US intangibles are now held in Singapore, Switzerland and Ireland, says this sort of restructuring poses real difficulties for governments. “Services are where the potential corporate tax base is, so lose your services and you have lost a significant part of your tax base, and usually in a way where the existing international rules have been respected.”

The shifting of debt around multinational groups is another headache for fiscal authorities, particularly in the UK, which is relatively generous in the tax deductions it allows for interest costs. Over the course of this decade, companies have been engaged in a cat-and-mouse game with the revenue authorities about their use of tax havens as a base for their overseas businesses. This ruse allows them to load up their foreign operations – and sometimes their British activities – with debt via intra-group loans, while paying little tax on interest received.

Governments were slow to wake up to these problems but have recently mounted a rearguard action. At the start of this year, Germany appalled businesses by ratcheting up exit taxes for intellectual property. Britain has also taken a tough stance on transfers of intangibles. One tax director from a company that forms part of the FTSE 100 index compares the Revenue’s attitude to the line in “Hotel California”, a song by the Eagles: “You can check out any time you like. But you can never leave.” Tensions in Britain were exacerbated by a proposal to impose worldwide taxes on passive income – royalties, interest and dividends – which caused such an uproar that it was dropped last week.

The OECD is trying to thrash out a coherent set of rules for taxing business restructurings. But this is proving tricky, because the restructurings are primarily undertaken for business reasons. Pat Ellingsworth, who until this month was in charge of tax at Royal Dutch Shell, is closely involved in the OECD initiative. He says the attempt to define a tax-motivated restructuring proved “spectacularly unsuccessful”. Alternatives are being explored, including a greater emphasis on the location of workers in determining the tax base, though this may prove too radical for some.

Instead, some countries want a formula that will divide tax receipts across states that adopt a common tax base. The European Commission is enthusiastic but technical and political problems are immense. France, one of the strongest advocates, has decided not to push it during its current EU presidency following the Irish No vote on the Lisbon treaty. The idea, according to Christine Lagarde, French finance minister, “is alive, but not kicking very much”.

Meanwhile many businesses – led by the CBI, the UK employers’ group – say the solution is a sharp cut in tax rates. They suggest this would ultimately finance itself by reducing avoidance and boosting economic growth. But despite the success of small countries such as Ireland in going down that route, big nations are reluctant to gamble with corporate tax revenues.

All the while, multinationals are growing ever more restless. Last month, Joel Walters, tax director of Vodafone – a British company that now derives just 4 per cent of its profits from the UK – was blunt about the diminishing relevance of the concept of a “home country”. He recognised that governments were under pressure to raise revenues, he told a conference organised by Tax Journal. But international businesses had no choice but to manage their tax bills, he said.

“It can create an emotional reaction. But the fact of the matter is businesses are under enormous competitive pressure and tax is increasingly something boards are looking for us to manage.”

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